El impacto de las restricciones en el comercio exterior argentino: Pérdida de competitividad y oportunidades
Las exportaciones desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de un país, ya que generan ingresos en divisas y fomentan la creación de empleo. Cuanto mayor sea el valor agregado de las exportaciones, mayores serán los beneficios asociados. La inclusión de servicios como fletes, seguros o logística internacional en la oferta de exportación aumenta las posibilidades de concretar ventas en el extranjero, ya que los potenciales compradores perciben que todos estos aspectos están incluidos, lo que les evita la preocupación de buscar proveedores de servicios logísticos en Argentina para garantizar la entrega oportuna de la mercancía.
Sin embargo, en Argentina parecen desconocer estos conceptos básicos de internacionalización, que promueven pasar de una actitud de entrega «FOB» (Free On Board), donde el exportador solo se responsabiliza de entregar la mercadería en el puerto argentino y el comprador debe encargarse de la logística para retirarla, a adoptar una actitud de mayor servicio, en la cual el exportador asume la responsabilidad de contratar la logística para llevar la mercancía al país del comprador, utilizando términos como CFR, CPT, CIF, CIP, DAP, entre otros. A través de la COM A 7746 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha restringido los pagos al exterior que pueden realizar los transportistas marítimos, exigiéndoles obtener una licencia denominada SIRASE, que debe ser aprobada por varios organismos antes de que puedan efectuar la transferencia de divisas. Incluso después de obtener dicha licencia, los transportistas solo pueden transferir el dinero después de 90 días. Ante esta medida, los transportistas dejaron de cobrar sus fletes en Argentina y comenzaron a transportar solo cargas cuyos fletes fueran pagaderos en el exterior.
Esta restricción inicialmente generó un aumento de costos en el comercio exterior, ya que los agentes de carga tuvieron que contratar fletes a través de sus agentes en origen o destino, a menudo con tarifas más elevadas y sujetas a fluctuaciones cambiarias entre el momento del cobro y la transferencia al exterior. Además, se sumaron los costos de las comisiones bancarias por la gestión de los pagos y las demoras típicas en las transferencias internacionales desde Argentina. Posteriormente, con la COM A 7771 del 18/05, el BCRA también restringió los pagos al exterior realizados por los agentes de carga, lo que prácticamente volvió inviable el comercio exterior. Los exportadores e importadores solo pudieron continuar operando si sus clientes y/o proveedores en el extranjero estaban dispuestos a contratar y pagar el flete. Esto obligó a los exportadores a volver a ofrecer términos FOB, como se hacía en la década de 1940.
Estas dos medidas han impedido que los exportadores argentinos agreguen servicios de valor, como el flete, a sus productos. Esto no solo coloca a los exportadores en desventaja frente a otros proveedores internacionales que sí pueden ofrecer estos servicios, sino que también impide el ingreso de divisas por concepto de fletes. Además de estas desventajas, al no poder incluir el flete en el valor del producto, el exportador pierde el control total de la logística internacional y la capacidad de negociar tarifas favorables con los transportistas.
Como resultado, el comercio exterior argentino ha perdido el impulso y la dinámica comercial que había desarrollado a lo largo de décadas. Ahora, los clientes y proveedores internacionales deben no solo contratar el flete desde o hacia Argentina, sino también asumir su costo y encargarse de la coordinación logística. Además, deben lidiar con problemas arbitrarios que a menudo ocurren en Argentina, como cambios inesperados en las escalas de los buques en ciertos puertos, lo cual conlleva costos adicionales al tener que redirigir la mercancía a otros lugares de salida. Por lo tanto, muchos importadores prefieren comprar a otros países con menos complicaciones.
Es cierto que Argentina enfrenta una escasez de divisas, pero la gran contradicción radica en que se restringen justamente las exportaciones, que son la principal fuente de ingreso genuinas. Por otro lado, los funcionarios gubernamentales justifican las restricciones a los pagos al exterior alegando irregularidades por parte de empresas que supuestamente estarían evadiendo divisas para obtener beneficios adicionales debido a las diferencias cambiarias. Sin embargo, estas diferencias cambiarias son el resultado de las políticas monetarias implementadas por el propio Estado, donde coexisten diferentes tipos de cambio según las necesidades (MEP, CCL, turista, tarjeta, oficial, entre otros).
No obstante, el problema más grave del actual gobierno radica quizás en la falta de capacidad técnica para detectar a tiempo estas irregularidades y tomar medidas adecuadas contra aquellos que incumplen las normas. Ante esta incapacidad, se opta por establecer restricciones generalizadas sobre el transporte, medidas que perjudican a todos, desde grandes empresas hasta microempresas, y paralizan el comercio exterior, que es una importante fuente de empleo y generación de recursos para el país.